¿En qué afecta el vertido de pélets al pescado gallego y su consumo?

Al margen del desastre ambiental, esta es la opinión de los expertos sobre los riesgos de los microplásticos para las especies marinas comestibles y su incidencia en la salud humana. Y no, no es cierto que no implica peligro alguno.

Los microplásticos, como los pellets vertidos en las playas de la cornisa cantábrica son un grave peligro para los ecosistemas marinos.

Una marea de microplásticos está llegando estos días a las playas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Procede de uno de los seis contenedores que el buque 'Toconao' perdió el pasado 8 de diciembre en aguas de Portugal, a unos 80 kilómetros al oeste de Viana do Castelo.

Este contenedor albergaba 1.050 sacos de pélets -también llamados granzas- de 25 kilos cada uno, marcados con el nombre de Bedeko Europe, una empresa con sede en Polonia. Es decir, se vertieron al mar un total de 26.250 kilos de pequeñas bolitas. Una materia prima industrial que, tras ser fundida y moldeada en fábricas, se convierte en productos acabados de plástico.

En medio de la alarma social generada y en un contexto político muy concreto (el próximo 18 de febrero se celebrarán elecciones autonómicas en Galicia), hay representantes públicos que han asegurado que estos pélets no son peligrosos ni tóxicos.

Ello, a pesar de la existencia de informes contradictorios. Así que vamos a recoger la opinión de científicos expertos con el objetivo de arrojar luz sobre este asunto.

¿Qué son los pélets que están llegando a las costas españolas?

Las granzas pueden estar formadas por diferentes materiales plásticos como Polietileno, Polipropileno, Poliestireno, Politetrafluoroetileno, Cloruro de polivinilo, Policarbonato, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acetal o Nylon.

Foto de uno de los sacos hallados en Galicia, enviada por un particular a la asociación Noia Limpa.

Las que están llegando a las costas de la cornisa cantábrica no son simples polímeros. Es un compuesto de 'Coraplast' que contiene un 88-90% de polietileno y un 10-12% del aditivo químico UV622, un estabilizador que hace más resistentes a los plásticos frente a la luz.

El químico cumple con la normativa para ser utilizado en productos aptos para el consumo humano. Ahora bien, en palabras de la farmacéutica especialista en seguridad alimentaria, Gemma del Caño, no es lo mismo ser "apto para su uso alimentario que ser apto para ser ingerido". Es decir, no es lo mismo beber agua de una botella fabricada con PET (Tereftalato de polietileno), que comérsela.

Además, aunque en un porcentaje muy pequeño, estos pellets tienen otro ingrediente secundario que sí es peligroso para la salud: el pentaeritritol tetrakis, una sustancia con toxicidad cutánea aguda y toxicidad acuática crónica.

Los expertos advierten del peligro de que los componentes de estos pellets entren en contacto con la mucosa de los ojos. Por ello, aconsejan que las tareas de limpieza que están llevando a cabo principalmente grupos de voluntarios, se realicen con guantes y mascarilla.

¿Cómo afectan los pellets a peces, moluscos y crustáceos?

El catedrático de Ecología de la Universidad de Vigo, Ricardo Beiras, asegura que el estabilizador UV es venenoso para el plancton, base de la cadena marina alimentaria, por lo que se trata de un “problema grave” que requiere la realización de un estudio de impacto ambiental.

Este químico también puede afectar a las larvas de invertebrados, incluidos moluscos comercializados, como almejas, navajas, mejillones u ostras; y a crustáceos como la langosta, el cangrejo, la gamba o el camarón. Y está científicamente comprobado que dañan el sistema inmunológico de equinoideos como los erizos de mar o túnidos, como atunes, bonitos, melvas, bacoretas o sardas.

Por su pequeño tamaño -miden menos de 5 milímetros- y su apariencia parecida a minúsculos huevos, es fácil que terminen siendo ingeridos por peces (y también aves), provocando problemas gástricos -e incluso la muerte- en estos animales.

¿Hay riesgos a la hora de consumir pescados y moluscos afectados?

Otro peligro de estos pellets es que, al ser consumidos por algunas especies comestibles, terminen integrados en la cadena alimentaria. Y ahí reside precisamente el riesgo potencial para la salud humana, que podría verse afectada en caso de ingestión.

La bióloga Eva Jiménez-Guri, investigadora de la Universidad de Exeter (Reino Unido) y experta, precisamente, en el impacto de los pélets en la vida marina, ha reconocido que el plástico ingerido por los peces se localiza en sus intestinos, que normalmente desechamos. Pero la evisceración no es una plena garantía. Existe también una contaminación química que depende de la cantidad de plástico que hayan digerido.

Si, además, ese plástico se descompone y se convierte en partículas nano, puede atravesar la pared intestinal, circular por todo el organismo y acumularse en los músculos y en el hígado del pescado. Lo asegura, por ejemplo, Mariana Teles, investigadora del Instituto de Biotecnología y Biomedicina (IBB) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

¿Quién va a pagar por los daños generados por el vertido de pélets?

El barco portacontendores causante de esta crisis ambiental navegaba bajo pabellón de Liberia y, por tanto, se rige por las normas de ese país. Se trata de una de las 'banderas de conveniencia' que usan algunos armadores para escapar de las inspecciones más rigurosas que existen en otros estados.

En este caso, la empresa armadora (la que dota el barco para su explotación comercial) es POLAR 3 LTD, con sede en el paraíso fiscal de las Islas Bermudas, aunque la propietaria del buque es una naviera fundada por un alemán con domicilio fiscal en Chipre.

Un enrevesado entramado empresarial que dificulta señalar al responsable de la contaminación y exigirle que pague por los daños. Cabe recordar que el complejo proceso judicial sobre el hundimiento del petrolero 'Prestige' frente a las costas gallegas, ocurrido en noviembre de 2002, se dilató durante 16 años.

Finalmente, fueron condenados por un delito contra el medio ambiente, el capitán del barco y, subsidiariamente, la propietaria del buque. Las indemnizaciones, superiores a 1.500 millones de euros, fueron pagadas a los Estados de España y Francia, a la Xunta de Galicia y otros 269 afectados.